OBSERVATORIO DE ENVEJECIMIENTO,
CUIDADOS Y DERECHOS

El artículo 17 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores establece que toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, promoviendo progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social. Previo a la reciente implementación del llamado proceso de bancarización, una serie de denuncias en diferentes medios informativos independientes y redes sociales dan cuenta de irregularidades y retrasos en el pago de las pensiones a las personas mayores a lo largo del país, lo cual ha estado causando malestar y preocupación en la población, particularmente entre los afectados y sus familiares.

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Téngase en cuenta que la pensión, para la mayoría de las personas mayores en Cuba, es su principal fuente de ingresos. En el actual escenario hiperinflacionario y de crisis alimentaria, que la pensión llegue tardíamente o se presenten dificultades para acceder a recibirla, se convierte en una vulneración adicional de los derechos de las personas mayores y aumenta la precarización de sus vidas. Esta situación constituye una vulneración del derecho a la autonomía y la seguridad económica, en la medida en que el Estado no está garantizando el acceso adecuado para recibir la seguridad social.

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Los hechos

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En Matanzas, la nota del periódico oficialista Yumurí, del 17 de mayo de 2023, alertaba sobre irregularidades en el pago a los jubilados y demás pensionados de la zona, por varios meses en la oficina de correos local. En el lugar, se producen continuas aglomeraciones de personas, afectando a uno de los sectores más vulnerables de la población: los adultos mayores y quienes reciben asistencia social.

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La falta de personal por bajas médicas y las dificultades con su reemplazo son algunas de las causas que refiere el reportaje. También los bajos salarios y las dificultades para contratar con la rapidez que se requiere. El servicio de carteros está además muy afectado, no solo por los bajos salarios, sino también por la falta de piezas de repuestos para las bicicletas en que se transportan. Algunos de los testimonios recogidos por el artículo dan cuenta del impacto que estos atrasos han tenido en las personas mayores. 

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“Nunca pasé tanto trabajo para cobrar como ahora. Estamos aquí sin desayunar, sin comer nada”, refiere una persona de 76 años, preocupado además por su amigo de 89, al que los hijos vinieron a auxiliar porque sufrió una fatiga… “Con una tranquilidad te dicen: ‘Se acabó el dinero, me voy’. El que está ahí se va para su casa, y muchas veces los viejitos no tienen ni para tomar un refresco. Es una falta de respeto con nosotros”. 

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Por su parte, en el municipio 10 de octubre de la capital, el testimonio de un nieto que gestiona la pensión de su abuela de 92 años, hace alusión a las demoras, las dificultades y trabas burocráticas para la reclamación de las pensiones. “Lo de quitar la asignación de las pensiones es algo sistemático y cuando vas a hacer el debido proceso de reclamo empiezan las esquivas burocráticas. Te mandan a la oficina del carnet de identidad por un certifico de autenticidad del propio carnet y cuando llegas a la oficina, la funcionaria me dice que eso no existe. Le escribí al Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS) y presenté mi caso formalmente con fotos de fe de vida y no he recibido respuesta… Es una estrategia de exterminio en la ancianidad en Cuba y en todo esto también hay que contar que ninguna pensión es suficiente para abordar el costo de la vida en este país.”

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En el municipio cabecera de la provincia de Cienfuegos, por ejemplo, la situación, sin llegar al grado crítico de otros lugares del país, también presenta retos importantes para el cobro de las pensiones, sobre todo para aquellas personas mayores que viven solos o no poseen medios para transportarse hacia los lugares habilitados para estos trámites.  Una trabajadora de un banco que entrevistamos, nos explicó que en algunas comunidades se han habilitado bodegas que cumplen con los requisitos de seguridad y gestión para facilitar el pago de las pensiones, debido a los atrasos y las aglomeraciones que han ocurrido en los lugares previamente designados para ello. Sin embargo, son solo algunos casos aislados.

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Otra manera que poseen algunos jubilados de cobrar es mediante las tarjetas magnéticas en los cajeros electrónicos. Esta variante presenta sus propios problemas, siendo los más frecuentes que los cajeros se quedan sin efectivo regularmente, las colas para acceder a ellos suelen durar hasta diez horas y están localizados solo en el centro de la ciudad por razones de seguridad. Además, el acceso a las tarjetas ha estado limitado, por lo que aquellos que no la poseen no pueden acceder a este servicio.

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Por otra parte, existe un precario servicio de mensajería, que asume el correo local, dirigido a aquellos adultos mayores que están encamados. Sin embargo, es deficitaria su cobertura por falta de personal. Adicionalmente, ha habido quejas por pérdida de efectivo o robos durante el traslado de los mensajeros, que deben realizar su recorrido a pie o en bicicleta. En días pasados los pagos se realizaron en billetes de 5, 10 y 20 pesos, lo cual también causó molestias entre los pensionados.  

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Insostenibilidad del sistema de pensiones y la alerta de una crisis mayor como resultado de la Tarea Ordenamiento y la reciente bancarización.

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Las autoridades cubanas han reconocido que el único grupo poblacional que está creciendo en Cuba es el correspondiente a los mayores de 60 años. Sin embargo, ese acelerado crecimiento se viene produciendo en un contexto de múltiples crisis y en un escenario de mayor desprotección social. Como resultado, ha sido este grupo el que más ha visto empobrecer significativamente sus condiciones de vida, acentuando los procesos de exclusión y desigualdad social. El principal efecto negativo de la Tarea Ordenamiento para la población en general y la envejecida en particular, ha sido la enorme inflación: en 2021 la cifra oficial fue de 400%; otros medios y estudiosos la estiman entre 500% y 700%, la mayor en América Latina (Mesa-Lago, 2023).

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Aunque en esta nota alertamos sobre las irregularidades y atrasos en los pagos de las pensiones, cuestión gravísima dado que más del 80% de las personas mayores en Cuba depende exclusivamente de ellas para sobrevivir, es importante hacer notar al mismo tiempo la crisis de sostenibilidad que está experimentando el sistema de pensiones en Cuba. Recientemente el especialista en la materia, Carmelo Mesa-Lago, advirtió que el déficit de las pensiones en la isla ascendía a más de un 40%.

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El sistema público de pensiones en Cuba, financiado en gran parte sobre la base de un sistema de reparto, carece de reservas y está lamentablemente escaso de recursos a pesar de las reformas de 2008 (aumento de la edad de jubilación, entre otras) para promover su supervivencia. Debido al envejecimiento, cada vez hay menos trabajadores activos que contribuyen al financiamiento de las pensiones. La relación entre trabajadores activos y pensionados cayó de 3,6 por uno en 1989, a 2,7 en 2018 y se proyecta bajará a 1,8 en 2030. Debido a ello el financiamiento de las pensiones se hace cada vez más difícil.

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Por otra parte, pocas personas mayores en Cuba han acumulado ahorros y los planes de pensiones privados, a diferencia de la mayoría de los demás países, son inexistentes. La pensión estatal promedio actual es el equivalente a unos pocos dólares estadounidenses, insuficiente para cubrir las más elementales necesidades básicas de alimentación y medicinas y está crecientemente erosionada por la inflación galopante.

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Con la recientemente implementada bancarización, el escenario que estamos describiendo augura un empeoramiento, que afectará nuevamente con más fuerza a las personas mayores. La aspiración de que en seis meses no se utilice efectivo en el comercio, la digitalización de todas las transacciones, incluyendo las pensiones, en una sociedad poco o nada preparada para ello, es no solo un disparate desde el punto de vista de política económica sino también desde el punto de vista social. Existe consenso en que se repite el mismo error que se cometió con el Ordenamiento. Se ha puesto en marcha sin previo aviso, en un momento inoportuno y sin las condiciones mínimas necesarias para reducir los impactos negativos.

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Por otra parte, como hemos constatado en esta nota, la capacidad de las oficinas del sistema bancario cubano para asumir estas nuevas medidas está altamente cuestionada. La demanda de servicios bancarios hace mucho tiempo ha sobrepasado la capacidad del sistema bancario cubano de satisfacerla, a lo que se suma el atraso tecnológico y el déficit de recursos humanos para atender las crecientes transacciones. De parte de la población, el acceso se verá cada vez más limitado, en la medida que la bancarización exige uso de dispositivos inteligentes, conectividad y mínimo nivel de capacitación tecnológica para el manejo de los dispositivos y las aplicaciones asociadas a los pagos. Esta realidad afecta mucho más a las personas que viven en zonas rurales, muchas de ellas mayores.

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Advertimos a los organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil a denunciar estas nuevas medidas, que constituyen una forma encubierta de maltrato y abuso hacia las personas mayores.  

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