6 de noviembre de 2024
NOTA DE PRENSA N° 17
Audiencia pública. Derechos de las Personas Mayores en Cuba bajo la lupa
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Objetivo
Visibilizar el empobrecimiento y deterioro acelerado de la calidad de vida de la población mayor en Cuba, así como el estado de vulneración de sus derechos en un contexto de crisis estructural y sistémica. Nos enfocaremos en los impactos que sobre la población mayor está teniendo lo que ya se califica como una crisis humanitaria, poniendo foco en cómo se está garantizando el derecho a la protección social, al cuidado y a la alimentación, a las pensiones, al sistema de salud y a los medicamentos.
Justificación
El envejecimiento demográfico es considerado como uno de los principales desafíos que está enfrentando la sociedad cubana. La población mayor en Cuba asciende al 22,3% y se proyecta continúe en crecimiento. Este grupo poblacional, sin embargo, está siendo el más afectado por las múltiples crisis que está atravesando el país. Cuba ha perdido 32 lugares en el Índice de Desarrollo Humano en tan solo 15 años y es el país más envejecido de la región. Es el grupo que más crece y el que más se empobrece, además de experimentar mayores niveles de maltrato, tanto a nivel doméstico familiar como institucional.
Relevancia
El Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento en Cuba -Cuido60- genera información y análisis alrededor del envejecimiento en Cuba, realizando un monitoreo de los procesos, actores y políticas en vistas de mejorar la situación de las personas mayores en el país, sus derechos y los de sus cuidadores. Frente al déficit y desactualización de datos, buscamos mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la información sobre la situación de las personas mayores y sus cuidadores, junto con identificar y visibilizar el tejido de organizaciones de la sociedad civil (iglesias, organizaciones comunitarias, profesionales, etc.) y el sector privado, que están ofreciendo servicios a la población mayor de 60 años. El observatorio trabaja con un enfoque de Derechos Humanos, género e intergeneracional, impulsando una reorganización democrática de los cuidados y el bienestar en Cuba.
El envejecimiento demográfico ha sido señalado como uno de los principales desafíos que está enfrentando la sociedad cubana y que impacta los más diversos ámbitos y niveles de la política, la economía y la convivencia social. Los cambios han sido de una rapidez, magnitud y complejidad que han puesto a la isla encabezando las sociedades más envejecidas de la región. Según la clasificación de CEPAL, Cuba es una de las sociedades más envejecidas en la región, ubicándose en la última etapa nombrada como de envejecimiento muy avanzado. Al cierre del año 2022, Cuba presentaba una Tasa Global de Fecundidad de 1.41 hijos por mujer, lo que la convierte el país con más baja fecundidad de América Latina y el Caribe y una proporción de personas mayores del 22.3 %, con una población de 60 años cuantificada en 2 millones 478 mil 087 personas.
En consecuencia, según la última proyección de población realizada por la ONEI se espera que para el año 2050, la población de personas mayores llegue a representar un 35.9% de la población del país. El crecimiento acelerado de este grupo poblacional en la isla sigue siendo una característica distintiva, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento promedio anual de 33,3% mostrada entre 2021 y 2022. Nótese que entre la publicación de la Encuesta Nacional de Envejecimiento Poblacional (ENEP) en 2019 y el último anuario de 2022, la proporción de personas mayores ha aumentado en poco más de dos puntos porcentuales en apenas 3 años.
Sin embargo, la sociedad cubana está poco preparada para asumir los desafíos que implica este cambio en la estructura de la población. Especialmente, porque el crecimiento acelerado y significativo de la población mayor se ha producido en un escenario de permanentes y confluyentes crisis desde principios de los noventa hasta la actualidad. A los problemas crónicos de la economía cubana, agravados por las últimas medidas relacionadas con el reordenamiento monetario, la crisis alimentaria y el desabastecimiento de medicamentos, los problemas con la vivienda y la persistente crisis de cuidados, se suma la insuficiente oferta de servicios de atención y cuidados a las personas mayores.
Para inicios del 2023, entre los expertos se ha ido generando consenso que Cuba enfrenta la peor crisis económica desde el Período Especial (particularmente entre 1994 y 2004) y la situación se asemeja a la de esos años (Mesa-Lago, 2023)[1]. Como resultado, se puede apreciar un agravamiento extremo de las condiciones de vida de la población en los últimos años, expresado en mayores niveles de disconformidad política y social, que han dado al traste con un estallido social de carácter histórico como el ocurrido el 11 de julio de 2021 y en el mayor éxodo migratorio de los últimos 64 años. Quienes permanecen en la isla han visto aumentar los niveles de pobreza, así como las desigualdades sociales y territoriales, que han acentuado los procesos de marginalización y exclusión de ciertos sectores y grupos. Uno de los más afectados ha sido justamente la población mayor de 60 años y dentro de ellos, las mujeres y la población afrodescendiente.
Algunos de los retos que se derivan del envejecimiento demográfico y de la crisis sistémica están relacionados con los siguientes procesos o factores:
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una crisis de cuidados resultante de un aumento de la demanda versus una reducción/deterioro de la oferta de servicios y una sobrecarga hacia las mujeres como cuidadoras no remuneradas;
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una reorientación de la política social que acorta los parámetros del bienestar, reduciendo los recursos destinados a la protección social y transfiriendo a las familias y al mercado las soluciones de cuidados y servicios sociales de atención a las personas mayores;
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un campo normativo insuficiente y con problemas de implementación práctica del Código de las Familias, que no proporciona condiciones para la exigibilidad y garantías de los derechos de las personas mayores y sus cuidadores;
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un aumento de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria, que afectan fundamentalmente a las personas mayores
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un déficit y desigual de distribución de servicios sociales y sanitarios y una creciente mercantilización de la oferta, frente a una disminución del poder adquisitivo de las personas mayores y de los pensionados en particular;
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abordaje e intervención institucional insuficiente, con iniciativas gubernamentales que carecen de integralidad, transversalidad, sostenibilidad y enfoque territorial en las acciones;
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creciente escasez de recursos humanos para la atención de los servicios sociales y sanitarios y necesidad de capacitación permanente para las necesidades específicas de las personas mayores.
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insostenibilidad del sistema de pensiones e incertidumbre frente a la inminencia del tsunami de plata (jubilación del boom de los 60).
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significativos obstáculos y resistencias políticas al desarrollo de iniciativas comunitarias y de la sociedad civil, nacional y transnacional, en la prestación de servicios sociales y de cuidados;
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déficit de datos e investigación sobre pobreza y desigualdad en Cuba y la imposibilidad de sostener un debate democrático y políticamente efectivo sobre estos temas.
[1] Mesa-Lago, C. (2023). El impacto social de la crisis económica en Cuba, En El Toque, 9 de enero. Disponible en: https://eltoque.com/el-impacto-social-de-la-crisis-economica-en-cuba